Por: Alberto Blanco-Uribe Quintero (*)

Como se sabe incluso internacionalmente, el gobierno le está haciendo un mayúsculo fraude al pueblo venezolano, usurpando su soberanía y confiscándosela con la complicidad de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a un triple título: asumiendo la convocatoria directa de la Asamblea Nacional Constituyente, mientras se obvia la necesidad de que ello se haga mediante referéndum popular; seguidamente imponiendo unilateralmente las bases comiciales, tampoco aprobadas en referéndum popular; y, violando el principio de indivisibilidad de la soberanía y consecuente universalidad del sufragio (una persona = un voto), al dividir arbitrariamente en sectores al pueblo.

Pues bien, dentro de ese grotesco y claramente autoritario y nada democrático proceder, se observa como un detalle burlesco que uno de los objetivos pretendidamente buscados con la tal Asamblea Nacional Constituyente sea el de:

La preservación de la vida en el planeta, desarrollando constitucionalmente, con mayor especificidad los derechos soberanos sobre la protección de nuestra biodiversidad y el desarrollo de una cultura ecológica en nuestra sociedad”.

Ante todo, es obvio que no es menester que una Constitución contenga normas específicas para que el Estado pueda desarrollar política y legislación ambiental, como lo muestra el derecho comparado. Pero además, nuestra Constitución de 1999 es particularmente prolija en la materia, al consagrar el derecho humano al ambiente (piedra angular), la obligación estatal de proteger el ambiente, el estudio de impacto ambiental, la biodiversidad y áreas protegidas, la ordenación del territorio, la consulta a las comunidades indígenas, etc., y como sabemos nada de eso se respeta, sin consecuencias.

El gobierno lleva a cabo las actividades de mayor impacto ambiental sin control alguno, “inventó” un ministerio de “minería ecológica”, desarticuló el Ministerio del Ambiente volviéndolo ente de propaganda ideológica llamándolo de “ecología socialista”, vulnera a los indígenas a quienes nada consulta y está a la cabeza de su macro destructivo proyecto “Arco Minero del Orinoco”, incumpliendo todo el mandato constitucional al respecto.

A cuál “cultura ecológica” puede estarse refiriendo uno de los más inmisericordes destructores del ambiente que haya gobernado Venezuela?

 

(*) Abogado, Profesor Universitario. Postgrado Derecho Ambiental, Univ. de Estrasburgo, Francia. Postgrado Derechos Humanos, Univ. de Castilla-La Mancha, España. @AlbertoBUQ . www.albertoblancouribe.com

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